El rumor sobre la eliminación del supuesto regulador a través de la vía del arraigo social para los inmigrantes irregulares lleva rondando varios meses, pero en el actual contexto priman las decisiones sobre cómo abordar la crisis financiera que España atraviesa y todavía no se ha materializado, a pesar de que varias voces del Partido Popular han admitido que así será. Resulta desde mi punto de vista preocupante y algo desconcertante, ya que es un indicador que deja en clara evidencia la falta de acuerdos entre los grandes partidos políticos de este país en materia social. Uno de los mayores errores político-administrativos es no reconocer que las situaciones estructurales no pueden depender exclusivamente de decisiones tomadas por causas coyunturales como la actual crisis económica. Esto provoca un serio décalage entre las decisiones políticas y la realidad social que vive la inmigración actual en España, un colectivo que está ligado al territorio de múltiples maneras.
En
verano de 2011, período en el que todavía gobernaba el PSOE, la
nueva ley de extranjería contempló expresamente, por primera vez,
la posibilidad de la regularización por la vía del arraigo social,
a pesar de que en la práctica se venía aplicando desde hace ya
algunos años; unos meses después, el gobierno electo apoyado por el
Partido Popular, elimina esta vía sin marcar ningún tipo de
calendario ni presentar alternativas eficaces que hagan frente a las
necesidades -específicas o básicas- de esta parte de la población.
A esta línea incoherente también se suma la catastrófica puesta en
marcha del Proyecto “Conoce tus leyes”. La participación en el
mismo se convierte, desde el pasado 1 de Enero de 2012, en condición
sinequanon para la obtención de un informe de arraigo social
favorable que los inmigrantes necesitan para solicitar esta vía
administrativa de regularización. El proyecto consiste en que los
inmigrantes interesados acudan a ocho horas obligatorias de sesiones
donde se les da a conocer el funcionamiento del estado español, se
es facilita el conocimiento de las leyes españolas, se les da
nociones para la búsqueda activa de empleo y otras cuestiones
fundamentales. Desde que “Conoce tus leyes” entró en vigor en el
caso de Madrid capital, su gestión e impartición ha recaído sobre
los CEPIS y los CASIS, que pocos días antes aún seguían sin contar
con toda la información ni con los medios pertinentes para gestionar
el nuevo proyecto de manera adecuada a causa de la negligencia
autonómica. Lo mismo ocurrió en muchos de los ayuntamientos de las
localidades madrileñas, asociaciones de inmigrantes y proyectos de
integración social que también absorben masivamente a este
colectivo. Este proyecto es lo más similar al “contrato de
integración” que el mismo Partido Popular venía reclamando desde
hace años.
Está
decisión del actual gobierno español se escuda en asentar las bases
para una inmigración circular a través de dos vías: la
contratación en origen o la petición de un visado específico para
la búsqueda de empleo; una vez finalizado el contrato de trabajo la
persona inmigrada volvería a su lugar de origen, cerrando el ciclo y
no permitiendo la residencia indefinida en el territorio europeo.
Esta nueva figura, que suponemos tardará, no sólo en entrar en
vigor, si no en comenzar a expedirse dada la alta tasa de paro que
sufre nuestro país, tampoco parece responder de forma directa a la
situación de crisis económica ya que da lugar al habitual bucle
burocrático al que están avocados algunos extranjeros. Muchos de
los inmigrantes no regularizados son ya parte de la sociedad española
de una forma estructural. Llevan viviendo aquí varios años, están
trabajando o cobrando prestaciones por desempleo, tienen parejas
autóctonas o sus hijos ya han nacido en este país. Todas estas
situaciones hacen que el inmigrante tipo que ha llegado a España en
las últimas décadas quiera quedarse y no piense en el retorno como
solución a su precaria situación. Por ello, hará lo que esté en
su mano para luchar por su regularización y la idea de marchar no se
contempla o sería un fracaso. Esta medida, pues, podría incluso
favorecer que volviera a darse un repunte de la compra ilegal de
contratos laborales y estimularía la economía sumergida perpetuando
la realidad laboral de un importante número de inmigrantes
irregulares, como sucedió intensamente durante la década de los
noventa y la siguiente, justo antes de las primeras regularizaciones
masivas. Esta medida se suma, a su vez, al anuncio más reciente de
dejar de prestar gratuitamente los servicios sanitarios a la
población inmigrante irregular. Son medidas que empujan a parte de
los inmigrantes a la marginalidad y a la pobreza al no estar dentro
de los márgenes legales. La alternativa sería apoyar medidas que
favorecieran y estimularan la inmigración ordenada y regular, pero
en ningún caso deberá estar reñido con la inclusión social y
laboral de una parte extranjera de la población que ya está
asentada y con la que debemos convivir en armonía para obtener una
sociedad sana y competitiva que nos permita integrarnos en el actual
contexto global.
En
definitiva, la migración es una realidad que ha de ser tratada y
gestionada por encima de la inclinación política o de las
coyunturas económicas, necesita un marco legal mucho más amplio y
consensuado, porque la base para el éxito del estado es una sociedad
estable y cohesionada. Sin embargo, si que es necesario superar los
prejuicios, la intolerancia y la ignorancia fomentando el
conocimiento, el respeto y la armonía religiosa entre todos los
ciudadanos. Y como en el horizonte no se vislumbran alternativas, la
supresión del arraigo social, es una de las muchas malas noticias
que actualmente afectan a los ciudadanos y que comienza a ser
costumbre oír. España no debería relegar durante más tiempo un
pacto nacional sobre la inmigración, y ha de jugar un papel
importante dentro de Europa, ya que ahí es donde también se juega
el futuro de generaciones de origen extranjero que tampoco se sienten
ya extranjeros.
